El martes, una comisión del Senado rechazó el anteproyecto de ley que
podría haber insuflado nueva vida a una propuesta ya anulada del guitarrista de
U2 The Edge de construir cinco mansiones sobre un pintoresco acantilado en la
zona alta de Malibú.
La medida, AB 2226, habría requerido a las agencias estatales aceptar como
un hecho que el propietario es la persona a cuyo nombre estaba la escritura de
una parte de la propiedad. Esto es el meollo de la disputa entre la Comisión De
Costas de California y The Edge, cuyo verdadero nombre es David Evans.
El año pasado, la agencia denegó los planes del rockero porque se decía que
incumplía leyes medioambientales y maximizaba el desarrollo ocultando la
verdadera propiedad y presentando cinco solicitudes por separado, cada una bajo
un nombre corporativo distinto.
Evans ha negado cualquier conexión con la legislación, pero algunos de los
mismos grupos de presión y abogados que él había contratado para ayudarlo ante
la Comisión De Costas presentaron el anteproyecto ante el Capitolio. Aunque el
nombre del guitarrista no fue mencionado en la vista del martes del Comité Jurídico
Del Senado, su abogado, Stanley Lamport, rogó a los legisladores que apoyaran
la medida.
"Esto afecta a todo el mundo," decía Lamport, haciendo notar que
el testificaba como presidente legislativo del titular del anteproyecto, la
California Business Properties Assn.
Decisiones recientes de la Comisión de Costas, dijo, han sentado precedentes que "han convertido la estructura de la inversión en California extremadamente volátil," opinión compartida por la Cámara De Comercio De California y por otros grupos de negocio.
La agencia rebatió que la ley estaba bien y urgió a los legisladores a oponerse al anteproyecto.
"El actual sistema lleva funcionado casi 70 años," dijo Sarah Christie, directora legislativa de la Comisión De Costas.
Christie dijo que la clave principal del anteproyecto era "realmente el maximizar el potencial de desarrollo" en áreas medioambientalmente sensibles. La legislación, añadía, haría mas difícil a las agencias estatales determinar la verdadera propiedad cuando se evalúen arrendamientos públicos y acuerdos para el desarrollo.
Los demócratas rechazaron la medida en una votación on-line, expresando sus preocupaciones de que la medida tendría amplia implicación para el desarrollo costero.
La medida perdió por 2 a 3.
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